 |
|
|
Luis Moro
|
 |
|
2/8/2001 - Comercio
Privatización de la EPE, Monopolio eléctrico: industria y producción a la deriva.
El proyecto de monopolización de la distribución eléctrica en Santa Fe, Córdoba y eventualmente Entre Ríos, sostenido por empresarios y funcionarios del Estado, implicaría ceder a los holdings el control estratégico de un recurso vital para el sistema productivo de la región.
La eventual monopolización del sector eléctrico de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos en manos de un mismo holding empresarial, que compraría la mayoría accionaria de EPEC (Córdoba), EPE y EDEERSA (Entre Ríos), es un proyecto que entusiasma sobremanera a varios de los grupos económicos interesados en comandar el negocio eléctrico en el centro del país. La idea cuenta con el aval en nuestra provincia del Ing. Antonio Caro, Interventor de la EPE, quien en noviembre del año pasado deslizó la propuesta -aunque sin mencionar a EDEERSA- a la revista Negocios “El interés que suscita la compra de la EPE, de por sí valiosa, se potencia por el hecho de que se privatice al mismo tiempo su homónima cordobesa EPEC. Si un inversor estratégico se queda con las dos empresas, se hará de una posición clave en el centro del MERCOSUR”. Marcelo Figueira, representante en Argentina del grupo que en mayo virtualmente comprará la mayoría accionaria de la empresa EDEERSA, la eléctrica entrerriana ya en manos privadas, ha declarado a la revista “Análisis”, de Paraná, que la intención del holding que representa -PSEG- es asumir el control de las 3 empresas eléctricas distribuidoras mencionadas, confirmando una versión periodística que de concretarse podría acarrear graves consecuencias para los clientes cautivos de menos ingresos -que son los que más sufren las subas de las tarifas de los servicios públicos privatizados, por tener ingresos fijos- y principalmente sobre el sector productivo de la región del país implicada, el campo y las PYMES de las tres provincias mencionadas.
¿Qué quiere decir Caro, cuando habla de “inversión estratégica”? El Interventor de la EPE, que siempre apela en su discurso a la “teoría económica”, sabe muy bien que en la Argentina actualmente estos holdings controlan el capital de múltiples firmas en muy diversos sectores de la actividad económica, ya sean servicios o industrias, (por ej. son dueños paralelamente de empresas eléctricas, bancos e industrias metalúrgicas asociadas a las automovilísticas) lo que les otorga una mayor capacidad operativa para “muñequear” las crisis, pero sobre todo, la hegemonía del mercado interno y externo a través del control del aparato productivo. La apropiación de grandes latifundios y vastos sectores industriales de distintas ramas, el control de la tasa de interés propiciada por el dominio del sistema financiero a través de la compra de bancos, y la monopolización del sector eléctrico, que le permite establecer una política tarifaria en función de sus propios intereses económicos y no de los de la sociedad en su conjunto, son indicadores irrefutables de una coyuntura donde el Estado, dominado por la lógica neoliberal, cede al sector privado sus principales herramientas estratégicas de gestión.
Pruebas palpables sobran en la provincia de Santa Fe: la venta de la ex DIPOS, el ex Banco Provincial, y ahora, la intención manifiesta de liquidar la EPE.
Sólo quedarían a resguardo de las subas tarifarias las grandes industrias santafesinas, como ACINDAR, que en el año 98 consumió 1/7 parte de la electricidad demandada por nuestra provincia (ver cuadro “Las únicas privilegiadas son las grandes empresas”), dado que pueden optar por comprar la energía eléctrica directamente a los generadores, evitando de esta forma el pago del valor agregado obtenido por las empresas que prestan la distribución de la energía, como la EPE. Las PYMES y la mayor parte del sector agropecuario, al ser dependientes de un mercado monopólico deberían soportar las “políticas estratégicas” que se traducirían, cuanto menos, en subas de las tarifas eléctricas y la consecuente pérdida de competitividad para colocar sus productos, situación que se ve agravada por la feroz presión impositiva y un tipo de cambio que virtualmente prohíbe las exportaciones, producto de la vigencia de la ley de convertibilidad, que supone la renuncia del Estado a ejercer su soberanía monetaria.
Ante esta eventual monopolización del mercado eléctrico ¿Qué puede hacernos suponer que el poder económico que ostentarían no será usado para “extorsionar” a los distintos gobiernos, para que les condonen deudas impositivas, o para lograr la sanción de leyes o decretos que aumenten su rentabilidad?¿Quién puede asegurar que estas empresas no establezcan tarifas diferenciales, para favorecer a los sectores productivos vinculados a sus intereses económicos, de un modo solapado? (por ejemplo celebrando contratos a largo plazo con los generadores térmicos a gas y trasladando a los sectores productivos cautivos las subas establecidas por esos generadores -que representan el 57% de la generación eléctrica en Argentina- siendo que la tarifa media, en términos agregados, de esta materia prima de la industria eléctrica subió un 43,7% entre 1991 y 1997, luego de la privatización de Gas del Estado) Y ante la eventualidad de que estos mismos grupos económicos se apropiaran de segmentos de la industria eléctrica brasilera o chilena (como de hecho sucede con PSEG en Brasil), siendo además propietarios de sectores productivos en esos países ¿Quién puede aseverar que no establezcan tarifas eléctricas que favorezcan sus intereses productivos en esos países, en detrimento de la producción local, por una conveniencia coyuntural del “mercado”? Supongamos, hipotéticamente, que el ALCA estuviera en vigencia, lo que supone arancel 0 a las importaciones entre los países del continente ¿Qué nos haría suponer que un mismo holding que controle paralelamente en USA y Argentina sectores de la electricidad y diversas industrias, no establecerá una política tarifaria que beneficie sus intereses en el país del norte?¿El quebranto o la pérdida de mercados de vastos sectores productivos, podría ser solucionado a través de una multa? ¿Cuánto le costaría a la sociedad santafesina estas maniobras?
Los fundamentalistas del mercado sostienen que todas estas hipótesis son meras especulaciones de la imaginación, y que las leyes antimonopólicas en nuestro país y los controles estatales son el remedio contra estas políticas del sector privado. Sin embargo la realidad de las privatizaciones eléctricas demuestran lo contrario. La desintegración de la industria eléctrica establecida por la ley 24065 en el año 91, coincidente con la llegada de Cavallo al ministerio de economía de Menem, fue en la práctica ignorada, sin que los entes de control intervinieran.
El proceso de reintegración vertical e incluso horizontal de las unidades de negocio segmentadas (generación, transporte y distribución de energía eléctrica) se ha dado ahora bajo el control de capitales privados. El caso más relevante fue el que involucró al grupo ENDESA (España)-ENERSIS (Chile), que fue obligada por el Estado Nacional a renunciar a su posición de accionista simultánea de EDESUR y EDENOR, las dos empresas en las que se dividió SEGBA. Sin embargo, algunos analistas sostienen que es imposible saber quien controla verdaderamente las acciones de los holdings, y no sería descabellado pensar que a través de contratos privados, mediante testaferros, unos pocos grupos económicos se reparten el mercado eléctrico nacional, situación difícil de comprobar.
A la luz de los hechos, queda claro que una ley no es la que establece las reglas de juego en la Argentina actual, sino el poder político de los distintos actores sociales. Resulta imprescindible para los santafesinos, en momentos en que el país produce un giro político hacia el ALCA (lo que supone, hipotéticamente, que en algún momento dejarán de existir los aranceles a las importaciones entre países americanos), evaluar la verdadera dimensión de estas “estrategias” sobre el futuro de la región: la energía eléctrica es un recurso que en manos de eventuales competidores de los empresarios locales, podría literalmente imponer la pena de muerte al sistema productivo de nuestra provincia.
ATRACTIVOS DE LA INVERSIÓN
La Transacción representa una atractiva alternativa para potenciales inversores ya que:
Es la principal empresa distribuidora de electricidad de la Argentina que aún no ha sido privatizada, constituyendo la tercera distribuidora del país después de EDESUR y EDENOR.
Se trata de una Compañía con alto potencial de crecimiento tanto en términos de nuevos clientes, consumidores minoristas y clientes industriales, como a través de aumentos en los niveles de eficiencia operativa.
La Compañía se encuentra bien invertida, no existiendo necesidad de grandes inversiones en el corto plazo para asegurar la prestación del servicio.
Constituye una oportunidad para operar una concesión por un período de 35 años, en Santa Fe, una de las provincias mejor administradas y con mayor potencial de crecimiento de la Argentina.
|
|
|
|
|
